Se levanta una voz indignada desde la Asamblea Legislativa condenando el estudio hecho por el Instituto de Ciencias Sociales de la UCR, referente a los salarios más altos en el sector privado, según se reportan en revistas internacionales y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. El estudio afirma que 3 costarricenses ganan por sus múltiples entradas lo que 2 millones de ticos perciben juntos. Dice el diputado que eso “fomenta el odio entre clases sociales”, y que el uso de informaciones malintencionadas, sesgadas y tendenciosas “es característico de las universidades públicas, que son aparato ideológico de la izquierda.”
Considerando las fuentes del estudio de la UCR, ¿estará el señor diputado acusando a la revista Forbes, internacionalmente reconocida y no precisamente por posturas anti empresariales, o al INEC, de sesgo malintencionado y tendencioso de la información, o de ser bastiones de izquierda, al publicar las entradas de dichos empresarios?
¿Por qué no se oyó la voz del señor diputado ante la campaña feroz de descrédito y difamación por parte de políticos y la gran prensa del país contra los jubilados magisteriales y otros del sector público, y que lleva ya años de vertir continuamente falsedades y verdades a medias en medios escritos, televisivos y radiofónicos?
Ahí sí se vale señalar públicamente a los jubilados, con nombre, apellidos y montos brutos de pensión, sin enumerar las deducciones de ley que rebajan las más altas a menos de la mitad. Sí se vale mentir descaradamente diciendo que no cotizamos para nuestras pensiones, cuando desde 1958 cotizábamos más de lo que cotizan los adscritos al IVM el día de hoy. Sí se vale ocultar la historia y “olvidarse” de que el Estado costarricense se apropió de nuestro fondo de pensiones BILLONARIO y lo desvió a gasto corriente. Sí se vale que el Estado se beneficie de su propio dolo cargando sobre nuestras jubilaciones gravamen tras gravamen aduciendo al mismo tiempo que son “de lujo”, cuando la verdad es que las pensiones de nuestro régimen son en su vasta mayoría inferiores a al tope establecido por ley. Sí se vale cuando el entonces superintendente de pensiones arengaba diciendo que con el nuevo gravamen a las pensiones “de lujo” se financiaban 10 000 subsidios para los viejitos pobres. ¿Será entonces que todo ello no fomenta el odio, y no aviva rencor contra los jubilados? ¿Qué el odio solo se fomenta si se hacen públicas las entradas de los verdaderos “capitales de lujo”?
Eso es, señor diputado, doble moral: denunciar la crítica contra unos y permitirla contra otros, lo que “viola el principio de imparcialidad, según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo”.
Dr. Jorge D. García, Ph.D.
Catedrático Jubilado, UCR
